¿Por qué las Cajas quieren aparentar beneficios?
¿Tienen miedo los políticos a perder el control de las Cajas de Ahorros?
¿Hay que engañar al Banco de España, para que no obligue a la fusión?
¿Permitirán los políticos las fusiones interregionales? ¿De verdad tienen un fin social las Cajas de Ahorros?.
¿Ayudan las Cajas de Ahorros dentro de su fin social al contribuyente que no puede pagar un préstamo?
Todas estas preguntas vienen relacionadas con la problemática que existe en nuestro país con las Cajas de Ahorros, las cuales salvo en, contadas excepciones, que casualmente son las que lideran el panorama financiero español, están dirigidas por políticos, no por gestores profesionales, y la consecuencia de esta ausencia de dirección empresarial, es la que ha llevado a muchas Cajas al límite de no obtener beneficios e incluso caer en pérdidas, y todo debido a erróneas decisiones políticas que se toman por interés personal del mandatario de turno, o su partido político. Los Consejos de administración de las Cajas de Ahorros están totalmente politizados, bien por el ámbito autonómico y municipal en menor grado y otros colectivos. De aquí que los intereses en ocasiones sean contrapuestos, pero en última instancia la magnitud de las decisiones de envergadura se deciden en el ámbito político.
Los ahorros de los ciudadanos, ya que esta es la fundamental base de las Cajas, y su función social, ya que no reparten beneficios a accionistas, sino que destinan éstos a obra social, los están empleando en beneficio personal de personajes políticos y partidos, introduciéndose en el mercado inmobiliario selectivo qu3e es afín a las ideas políticas y colabora con el partido gobernante.
La inclusión de 834 millones de € de sus reservas, es decir, de las provisiones genéricas, que tienen que aplicar a cada crédito que se concede y que tienen como función evitar que la morosidad afecte al funcionamiento de la entidad, a salvaguardar beneficios o aparentar que se tienen no deja de ser una frivolidad. Y todo ello con el único fin de no aparecer ante la opinión pública como una Caja en quiebra, mal gestionada y con dificultades para hacer frente a los depósitos de sus clientes, lo que le acarrearía indudablemente, el cierre inmediato y la intervención por parte del Banco de España, y entonces el político de turno perdería el margen de maniobrabilidad financiera para sus proyectos.
Las Cajas de Ahorros gestionadas por profesionales del mundo financiero y que han diversificado su riesgo a sectores empresariales competitivos y no han hecho caso totalmente, de las recomendaciones políticas, han sobrevivido e incluso, están en disposición de asumir fusiones con otras similares en posición de ventaja, saliendo al rescate de las mal gestionadas.
Estas fusiones no las veremos realizadas en el ámbito supraterritorial de una comunidad autónoma, lo que daría viabilidad al nuevo proyecto, pero como hemos dicho anteriormente, el poder político no permitirá estas fusiones interregionales, porque ¿quién mandaría en una entidad fusionada entre Cataluña y Andalucía?. ¿Sería el poder político de la Generalitat de Catalunya o de la Junta de Andalucía?.
Esta fusión en la Banca no sería nada descabellada, ya que no solamente se producen fusiones e integraciones entre Bancos nacionales, sino que se compran o se absorben Bancos en el ámbito internacional, así vemos como el BBVA compra Bancos en Sudamérica o el Banco de Santander hace lo propio incluso con Bancos dentro de la Unión Europea; pero claro, estas entidades están dirigidas por auténticos profesionales, donde existe un Consejo de Administración, una Junta de Accionistas que velan por los intereses propios y del banco, y su objetivo principal es la obtención de beneficios. Y si esto no sucede se cambian a los dirigentes, no como sucede en las Cajas de Ahorros que para ser directivo o ejecutivo hay que tener buenas relaciones con el poder político, aunque los conocimientos financieros sean dudosos o no pueda aplicar las decisiones financieras que serían de su agrado, sino las que le imponen los políticos del momento. De aquí que cuando cambia el poder político que rige la Caja de Ahorros del lugar, cambia el órgano directivo de la entidad.
La inversión de determinadas Cajas de Ahorros en proyectos políticos inviables desde el punto de vista del mundo de los negocios y amparándose en supuestos fines de interés social o colectivo, han hecho que sus balances se tambaleen y que estos megaproyectos en los que el único fin público es la proyección política del Presidente de la Comunidad que rige los destinos del ámbito de actuación de la Caja de Ahorros, ponen en riesgo todo el resto de actividad social de menor envergadura, pero no por ello de menos importancia, a los que está obligada la entidad a atender, ya que no olvidemos la Cajas de Ahorros se constituyen como elementos de ayuda social, y que incluso se les aplicó el beneficio de pobreza en los litigios y pleitos que mantuvieran.
La ausencia de beneficios de una Caja de Ahorros de una determinada localidad o comunidad incide directamente en ella, ya que ésta no reparte beneficios con sus accionistas, que no los tiene, como sí los tiene la Banca, y entonces estos dividendos los retrae de la obra social para la cual fue creada; es decir habrá menos centros de salud, de asistencia a ancianos, a la infancia, ayudas y subvenciones a la cultura, a la investigación, al desarrollo, al deporte y a tantas actividades necesarias para una completa socialización de la comunidad.
Seria deseable, que la persona que no pueda pagar su crédito hipotecario por necesidades sobrevenidas, como pudiera ser el desempleo, enfermedad u otras causas de diversa índole, pueda la entidad otorgarle un plazo o margen de recuperación, pues no dejaría de ser una ayuda social; no obstante es más posible que consiga una segunda renovación o renegociación un empresario que esté comprometido con la entidad en importantes cantidades.
De aquí que las ayudas gubernamentales deberían ser vigiladas para que realmente fueran a los fines sociales y de colaboración previstas, y no a compensar balances y encubrir pérdidas creadas por una deficiente gestión profesional y financiera.
¿Tienen miedo los políticos a perder el control de las Cajas de Ahorros?
¿Hay que engañar al Banco de España, para que no obligue a la fusión?
¿Permitirán los políticos las fusiones interregionales? ¿De verdad tienen un fin social las Cajas de Ahorros?.
¿Ayudan las Cajas de Ahorros dentro de su fin social al contribuyente que no puede pagar un préstamo?
Todas estas preguntas vienen relacionadas con la problemática que existe en nuestro país con las Cajas de Ahorros, las cuales salvo en, contadas excepciones, que casualmente son las que lideran el panorama financiero español, están dirigidas por políticos, no por gestores profesionales, y la consecuencia de esta ausencia de dirección empresarial, es la que ha llevado a muchas Cajas al límite de no obtener beneficios e incluso caer en pérdidas, y todo debido a erróneas decisiones políticas que se toman por interés personal del mandatario de turno, o su partido político. Los Consejos de administración de las Cajas de Ahorros están totalmente politizados, bien por el ámbito autonómico y municipal en menor grado y otros colectivos. De aquí que los intereses en ocasiones sean contrapuestos, pero en última instancia la magnitud de las decisiones de envergadura se deciden en el ámbito político.
Los ahorros de los ciudadanos, ya que esta es la fundamental base de las Cajas, y su función social, ya que no reparten beneficios a accionistas, sino que destinan éstos a obra social, los están empleando en beneficio personal de personajes políticos y partidos, introduciéndose en el mercado inmobiliario selectivo qu3e es afín a las ideas políticas y colabora con el partido gobernante.
La inclusión de 834 millones de € de sus reservas, es decir, de las provisiones genéricas, que tienen que aplicar a cada crédito que se concede y que tienen como función evitar que la morosidad afecte al funcionamiento de la entidad, a salvaguardar beneficios o aparentar que se tienen no deja de ser una frivolidad. Y todo ello con el único fin de no aparecer ante la opinión pública como una Caja en quiebra, mal gestionada y con dificultades para hacer frente a los depósitos de sus clientes, lo que le acarrearía indudablemente, el cierre inmediato y la intervención por parte del Banco de España, y entonces el político de turno perdería el margen de maniobrabilidad financiera para sus proyectos.
Las Cajas de Ahorros gestionadas por profesionales del mundo financiero y que han diversificado su riesgo a sectores empresariales competitivos y no han hecho caso totalmente, de las recomendaciones políticas, han sobrevivido e incluso, están en disposición de asumir fusiones con otras similares en posición de ventaja, saliendo al rescate de las mal gestionadas.
Estas fusiones no las veremos realizadas en el ámbito supraterritorial de una comunidad autónoma, lo que daría viabilidad al nuevo proyecto, pero como hemos dicho anteriormente, el poder político no permitirá estas fusiones interregionales, porque ¿quién mandaría en una entidad fusionada entre Cataluña y Andalucía?. ¿Sería el poder político de la Generalitat de Catalunya o de la Junta de Andalucía?.
Esta fusión en la Banca no sería nada descabellada, ya que no solamente se producen fusiones e integraciones entre Bancos nacionales, sino que se compran o se absorben Bancos en el ámbito internacional, así vemos como el BBVA compra Bancos en Sudamérica o el Banco de Santander hace lo propio incluso con Bancos dentro de la Unión Europea; pero claro, estas entidades están dirigidas por auténticos profesionales, donde existe un Consejo de Administración, una Junta de Accionistas que velan por los intereses propios y del banco, y su objetivo principal es la obtención de beneficios. Y si esto no sucede se cambian a los dirigentes, no como sucede en las Cajas de Ahorros que para ser directivo o ejecutivo hay que tener buenas relaciones con el poder político, aunque los conocimientos financieros sean dudosos o no pueda aplicar las decisiones financieras que serían de su agrado, sino las que le imponen los políticos del momento. De aquí que cuando cambia el poder político que rige la Caja de Ahorros del lugar, cambia el órgano directivo de la entidad.
La inversión de determinadas Cajas de Ahorros en proyectos políticos inviables desde el punto de vista del mundo de los negocios y amparándose en supuestos fines de interés social o colectivo, han hecho que sus balances se tambaleen y que estos megaproyectos en los que el único fin público es la proyección política del Presidente de la Comunidad que rige los destinos del ámbito de actuación de la Caja de Ahorros, ponen en riesgo todo el resto de actividad social de menor envergadura, pero no por ello de menos importancia, a los que está obligada la entidad a atender, ya que no olvidemos la Cajas de Ahorros se constituyen como elementos de ayuda social, y que incluso se les aplicó el beneficio de pobreza en los litigios y pleitos que mantuvieran.
La ausencia de beneficios de una Caja de Ahorros de una determinada localidad o comunidad incide directamente en ella, ya que ésta no reparte beneficios con sus accionistas, que no los tiene, como sí los tiene la Banca, y entonces estos dividendos los retrae de la obra social para la cual fue creada; es decir habrá menos centros de salud, de asistencia a ancianos, a la infancia, ayudas y subvenciones a la cultura, a la investigación, al desarrollo, al deporte y a tantas actividades necesarias para una completa socialización de la comunidad.
Seria deseable, que la persona que no pueda pagar su crédito hipotecario por necesidades sobrevenidas, como pudiera ser el desempleo, enfermedad u otras causas de diversa índole, pueda la entidad otorgarle un plazo o margen de recuperación, pues no dejaría de ser una ayuda social; no obstante es más posible que consiga una segunda renovación o renegociación un empresario que esté comprometido con la entidad en importantes cantidades.
De aquí que las ayudas gubernamentales deberían ser vigiladas para que realmente fueran a los fines sociales y de colaboración previstas, y no a compensar balances y encubrir pérdidas creadas por una deficiente gestión profesional y financiera.